El Senado provincial, aprobó ayer el proyecto del legislador Pablo Priore que contempla la suspensión de los trámites de ejecución de sentencias que recaiga sobre las deudas hipotecarias hasta el 31 de diciembre de 2023.

La medida alcanza a los titulares deudores, comprendidos por el segundo artículo de la Ley N°8182, por lo cual "no están obligados a realizar ningún trámite administrativo ante el Poder Ejecutivo o Judicial, mientras el primero lleva adelante las labores que le encomendara la Ley Nº 8.182, ni la ausencia de ellos tomada como abuso o dilación mientras se sustancien las causas".

Priore informó por qué se agregó este artículo. "Recientemente en la provincia de Mendoza hay un fallo con respecto a este tema. Una sentencia de un tribunal de Mendoza dispone que un banco deberá sentarse con el tomador de un crédito UVA para renegociar el contrato en un plazo de 90 días", expresó.

Además de ello, se busca suspender hasta la misma fecha las ejecuciones hipotecarias que tengan por objeto el cobro de deudas hipotecarias UVA que recaigan sobre vivienda única, familiar y de ocupación permanente ya sea que estén con expediente en trámite o ya cuenten con sentencia firme.

“Luego de la crisis de 2001, quienes suscribieron hipotecas con objeto de vivienda única familiar, se vieron imposibilitados de hacer frente a las obligaciones asumidas y por ello se genera un conflicto que promueve la preocupación legislativa, motivo por el cual se promulgaron numerosas normas para la protección de derechos”, reza fragmento de la iniciativa.

En Mendoza se sancionaron las leyes 8005 y 8182, que establecieron métodos de acción y prioridad para la protección de aquellos deudores hipotecarios que, superados por razones económicas y los juicios, tuvieron la oportunidad de ser alcanzados con la protección debida.

En el año 2018, se promulgó la ley 9140, que tiene por finalidad prorrogar las disposiciones de la ley 8182, y de esta manera se continúe con la prohibición de ejecutar los créditos hipotecarios de la crisis del 2001. “En el mismo sentido, solicitamos una nueva prórroga a los fines de salvaguardar las viviendas únicas familiares que se ven afectadas por la imposibilidad de pagar las elevadas cuotas, devenidas por la hiperinflación que sufre el país”, destacó Priore.

Dichas viviendas se han ido rescatando de los bancos privados, y el IPV ha refinanciado los créditos de vivienda para que estas personas no pierdan su casa. Por ello con esta ley se busca llevar una solución a tantas familias mendocinas afectadas por este aumento desmedido en las cuotas a cobrar por las entidades bancarias.

EL proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión.