Los trabajos comenzaron en 2016 realizando monitoreos ambientales con personal de la Dirección de Protección Ambiental de 10 áreas de Mendoza Norte y 8 áreas de Mendoza Sur relevando pozos activos, inactivos y abandonados, cañerías e instalaciones de superficie, locaciones y caminos.

En 2011, como consecuencia de la renovación de los contratos de distintas operadoras petroleras, se relevó la situación ambiental de los yacimientos a fin de comprometer a las empresas a proceder al saneamiento. Para el 2016 se había avanzado 21%.

El secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, explicó que en los "casi 8 años de gestión, se priorizaron aquellos pasivos que implicaban riesgo ambiental mayor y se realizaron acciones que fueron fiscalizadas por la Fundación CRICYT como organismo auditor”. Y agregó: “A julio del 2023, se avanzó de acuerdo a lo comprometido consiguiendo la remediación del 98,5 por ciento de las situaciones originales, y restan 11 situaciones que están en proceso”

Durante este proceso se sanearon, mediante procesos biológicos, más de 85.000 métros cúbicos; 397 piletas, llamadas ecológicas, que fueron restauradas y saneadas, y otros tipos de pasivos como instalaciones en desuso y cañerías abandonadas.

La directora de Protección Ambiental, Miriam Skalany, comentó: “Actualmente estamos evitando la generación de pasivos ambientales. Un ejemplo de ello es que se exige el sistema de locación seca (todo fluido de perforación se dispone en contenedores), se declara la totalidad de los incidentes que pudiesen producirse a fin de darles control a sus tratamientos y evitar la generación de pasivos, los estudios ambientales contemplan la evaluación de riesgo y medidas de mitigación, y el cumplimiento minimiza el impacto que la actividad puede producir”.

El control de la actividad petrolera se realiza a través de monitoreos de instalaciones de superficie pozos en sus distintos estados, inspecciones a obras y evaluación y control de informes. Esto permite detectar situaciones de potencial riesgo ambiental y minimizar su impacto.

La historia de los pasivos ambientales en la actividad petrolera mendocina

Mendoza tiene una larga historia con el petróleo. Ya en 1891, con el desarrollo de la Cuenca Cuyana, que se localiza en la zona Norte, había 30 pozos perforados en la base del cerro Cacheuta.

Actualmente hay dos cuencas sedimentarias que se encuentran en producción: la Cuyana, que abarca las zonas Centro y Norte de la provincia, y la Neuquina, al Sur, en donde se presenta la formación Vaca Muerta.

En conjunto, estas cuencas están compuestas por unas 100 áreas petroleras. Como consecuencia de la actividad sin regulación, se generan pasivos ambientales que son sitios contaminados por la liberación de materiales, residuos extraños o aleatorios que no fueron remediados oportunamente y siguen causando efectos negativos al ambiente. Los pasivos pueden incluir cañerías en desuso, instalaciones, suelos y cauces con restos de hidrocarburos y antiguas piletas de perforación, entre otros.

Mediante el Decreto 437/93 de Evaluación ambiental de la industria petrolera, la provincia reglamenta la Ley 5961 de Preservación del Medio Ambiente para la actividad petrolera. A partir de esos años, la autoridad en materia ambiental tuvo sus primeras herramientas legales para realizar los controles previos y se dio comienzo al relevamiento de los pasivos ambientales generados por la actividad petrolera.

Se comenzaron a realizar monitoreos ambientales de las distintas áreas petroleras y se detectaron, como resultado, los pasivos ambientales que se habían producido por más de 50 años de actividad petrolera.

Las buenas prácticas de aquella época utilizaban conceptos que son impensables actualmente: se permitían las llamadas “piletas ecológicas”, piletas a suelo natural colindante a un pozo donde se depositaban todos los residuos de la perforación para que se infiltre y luego se tapaban; fosas de quema a suelo natural, donde se incineraban los residuos, o era práctica habitual el riego de caminos internos con agua de purga (agua de formación).

Para 2011, a partir de la renegociación de los plazos de concesión, se comenzó a exigir la Declaración Jurada de la totalidad de los pasivos ambientales y un plan de remediación que debía finalizar para el vencimiento del período original de concesión.