ARCA eleva a $10 millones el límite para identificar consumidores finales

La Resolución General 5700/2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero flexibiliza el uso del sistema “Facturador” para monotributistas. La medida busca desburocratizar y fomentar el uso del dinero en blanco.

Economía27/05/2025Mendo HoyMendo Hoy
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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un importante cambio normativo en su política de facturación y control fiscal: a partir del jueves 29 de mayo, los comercios solo deberán identificar a consumidores finales cuando el monto de la operación supere los $10 millones.

El cambio quedó establecido mediante la Resolución General 5700/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, y forma parte del plan nacional de desregulación y estímulo al uso del dinero en blanco, anunciado la semana pasada por el Gobierno.

Qué cambia con la nueva norma

Hasta ahora, los comercios estaban obligados a pedir el DNI, CUIT, CUIL o CDI a consumidores finales que pagaran en efectivo a partir de $250.000 o con tarjeta desde $400.000. Con la nueva normativa:

  • El umbral se unifica y se eleva a $10.000.000
  • Solo operaciones que superen ese monto requerirán identificación del cliente
  • Aumenta a $500.000 el límite para operaciones facturadas con el sistema “Facturador” por monotributistas
  • Los monotributistas sociales no podrán usar el “Facturador” para operaciones superiores a $250.000

Este esquema busca reducir la carga administrativa, dar mayor privacidad a las transacciones cotidianas y alentar el movimiento económico formal.

“Vas a poder comprar un auto o un departamento con ahorro bien habido, sin necesidad de justificarlo”, explicó el titular de ARCA, Juan Pazo, en relación al nuevo límite.

Desregulación y simplificación fiscal

La medida se ampara en el Decreto N.º 353, que establece directrices para simplificar trámites vinculados a inversiones y adquisición de bienes, en línea con compromisos internacionales del país.

Desde ARCA señalaron que estas modificaciones son parte de una estrategia más amplia de simplificación normativa y reducción de regímenes de información considerados obsoletos o poco efectivos.

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