Claudia Iturbe: "Hacen demagogia con la Salud Pública de los mendocinos"

En un contexto de inflación mayor al 100% anual que hace que los sueldos pierdan cada año poder adquisitivo, AMProS manifestó que la Ley de Tope Salarial, sancionada en el gobierno de Francisco Pérez y defendida por todos los gobernadores que lo sucedieron, Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez, atenta más que nunca contra la Salud Pública de Mendoza.

Es que aquellos profesionales que tienen mayor carga horaria, bloqueo de título y no pueden prestar sus servicios en el ámbito privado, se encuentran atrapados por un tope salarial que es inconstitucional y que, según la Organización Mundial del Trabajo, “tiende a restringir el ámbito de las negociaciones colectivas y que modifica convenios colectivos vigentes”.

Sin embargo, la norma por la que AMProS llegó hasta la Suprema Corte con su reclamo, tiene un trasfondo mucho peor que su inconstitucionalidad y es la afectación que hace a la Salud Pública de la provincia. A causa de esto, los profesionales optan por el éxodo a otras provincias, o países, donde se reconozca su preparación y trabajo, o bien al sector privado. Lo mismo ocurre cuando los jóvenes profesionales de la salud de Mendoza desechan las especialidades por ser mal remuneradas por el Estado.

Una vez sancionada la Ley de Tope Salarial, AMProS elevó una queja al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo quien le advirtió al Gobierno de Mendoza  que “una legislación que modifica convenios colectivos que ya estaban en vigor desde hacía cierto tiempo y que tiende a restringir el ámbito de la negociación colectiva, es contraria a la negociación colectiva voluntaria, pues corresponde a la partes determinar los temas a negociar".

El informe del Comité de Libertad Sindical de la OIT referido al conflicto entre el Gobierno y AMProS culmina con un pedido acerca del destino del tope salarial: "El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado del recurso de inconstitucionalidad (ley 8.727) en trámite por ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y sobre toda medida que pueda adoptar al respecto".

Sin embargo, la Ley de Tope Salarial no alcanza a jueces, al fiscal de Estado, al asesor de Gobierno, al presidente y vocales del Tribunal de Cuentas, al contador y tesorero de Mendoza y al Superintendente y los consejeros de Irrigación.

Claudia Iturbe, secretaria general de AMProS afirmó que “el Tope Salarial es demagogia pura. Está atado a si el gobernador de turno tiene formación académica o no, o si quiere bajarse el sueldo. Además, sostuvo que el titular del Ejecutivo gastos que no entran en su bono de sueldo y son pagados por los mendocinos.

Y agregó: “Esta ley, que es inconstitucional, afecta al Recurso Humano Crítico, a los que más trabajan, a los que por su especialidad tiene exclusividad con el Estado y a las funciones jerárquicas. Vamos derecho a las renuncias masivas y a desproteger a la población". Como ejemplo mencionó a los Terapistas Infantiles con quienes se llegó a un acuerdo para evitar el éxodo, incluso algunos dejaron sus consultorios privados, pero que en su último bono de sueldo percibieron un recorte de hasta el 30% de sus haberes.

Según Iturbe, en cada acuerdo paritario entre el AMProS y el Gobierno queda expresado en acta que se deroga toda norma en contraria a la negociación firmada. Es decir que "se acuerdan los aumentos salariales, las mejoras, los adicionales, las zonas de promoción para estimular a los profesionales y luego el Ejecutivo incumple lo que es ley aplicando el Tope Salarial. Hacen demagogia con la Salud Pública de los mendocinos”, mencionó.

Actualmente, los profesionales de la salud de Mendoza aguardan la resolución de la Suprema Corte de Justicia en torno a la validez de la Ley que se sancionó durante el gobierno de Francisco Pérez.